Existe una disposición de ley que exige a los funcionarios
públicos presentar o rendir cuentas a
través de la declaración jurada de bienes, esto se debe ejecutar cuando se toma
posesión o en el momento del reemplazo por otro funcionario.
El propósito de este mandato
se apunta en el intento de proporcionar la claridad en el ejercicio de
un cargo público. El ordenamiento es válido, tanto para los que se estrenan
siendo nuevos funcionarios como para los que han sido ratificados en sus
antiguos cargos, o si han pasado a ocupar otras posiciones.
Además, los funcionarios de gobierno deben de
rendir cuentas de manera pormenorizada sobre las ejecuciones que han llevado a
cabo en sus comunidades, explicando de qué forma han usaron los recursos que le
son suministrados para bien social.
Hasta el momento, no se sabe cuántos
funcionarios han ofrecido sus declaraciones juradas y cuantos no, a pesar de
que esta información debe ser de manejo público.
Este procedimiento debió ejecutarse al
concluir la legislatura en el mes de agosto, no obstante una mínima cantidad de
funcionarios ha efectuado el requerimiento,
cosa que debe ser implementado en sentido general, sin excepción.
Hay que apelar para que los funcionarios públicos hagan un
sacrificio colectivo y que esforzadamente
puedan hacer un compromiso para lograr esa tarea, que como malos estudiantes siempre
se deja para después o nunca se hace.
Respecto a los que si lo ejecutan, se debería verificar o
comprobar que lo que se presenta en la rendición de cuentas es válido o real;
lo más idóneo sería que existiera una instancia que investigue y de crédito de
que lo presentado no ha sido alterado, de esta manera se generaría confianza en
la población.
Es hora de reclamar que se cumplan estas disposiciones,
y en caso de ser violadas tomar acciones contundentes ante el quebrantamiento
de las mismas, ya que se debería dar señal de claridad y transparencia.
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