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| Raquel Ortega, Rafael Lora, Aurelio Henríquez y Washintong Espino. |
Aurelio Henríquez.
Tenares, República Dominicana. El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) reclamó
sanción moral o civil a los periodistas que difamen o injurien en los medios de
comunicación y exigió al Congreso excluir de la modificación del Código Penal
la penalización de los delitos de prensa.
Refirió que en el Congreso hay 12
periodistas-legisladores, a quienes exhortó a interpretar los derechos del
pueblo a ser informado con veracidad, sin censura previa.
Aurelio Henríquez se pronunció en esos
términos en un debate sobre el tema, organizado por la seccional Hermanas
Mirabal del gremio, con el apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Prensa (SNTP). Televisado por HMTV-canal 33, fue conducido por la secretaria
general del CDP provincial, periodista Raquel Ortega.
Conforme al gremialista, todo lo
relativo a la prensa, radio, televisión e Internet, debería ser materia de las
leyes especializadas. “Se recuerda que Leonel Fernández, a la sazón presidente
de la República, promovió varios proyectos de códigos de la comunicación, sin
que hasta el momento hayan sido aprobados”.
Para Henríquez, lo peor que le puede
pasar a un periodista es una sanción moral, porque perdería su principal activo
que es credibilidad. “Estamos
vigilantes para que no perdamos la libertad de expresión, por lo que abogamos
por la despenalización total de los delitos de prensa, ya que lo contrario
propiciaría la censura previa de los periodistas. El tema de difamación e
injuria debe ser exclusivo de la ley 6132 o de su modificación”.
Se presta para mañas
Al participar en el debate, el abogado y
comentarista de Teleoperadora del Nordeste (Telenord), Washington Espino,
consideró que los delitos de prensa deben de ser dejados a una ley exclusiva
porque en el Código Penal se diluyen y se prestan a manipulaciones. Pero
rechazó una despenalización total.
Debe mantenerse la sanción civil y penal
cuando el afectado sea un ciudadano común, y civil cuando se trate de un
funcionario público, para garantizar el carácter de vigilantes de la
administración del erario.
Aunque advirtió sobre el peligro de una
ley mordaza, opinó que ya tal limitación existe porque el 90 por ciento de los
periodistas que participa en programas está arrodillado ante algún sector
político.
Sugirió una lucha unificada de todos los
que trabajan en los medios de comunicación, para impedir que sea votada una
legislación restrictiva de la libertad de expresión.
Para el profesional del derecho, la
división actual entre empíricos y académicos, entre los actores de los medios
de comunicación, debilita el esfuerzo, lo cual favorecería a los contrarios a
los derechos de la población a ser informada.
“Han decidido introducirlo en
el Código porque cualquier despropósito es más fácil en medio de 600 artículos
que en otra ley exclusiva del tema como la antes mencionada”, puntualizó al cuestionar
que los legisladores sólo actúen en función de sus propios intereses.
El secretario general del SNTP, Rafael
Lora, leyó un documento con la posición de la organización que dirige, y
advirtió que con la implantación de mordazas “habría que construir varias cárceles”, porque no cabrían las personas condenadas.
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